IPC-X


La regulación de precios máximos IPC-X es una modalidad de price cap. Consiste en actualizar el precio medio de los servicios de una empresa según el Índice de Precios al Consumo (IPC) corregido por un factor X que mide la productividad esperada de la industria.[1]

La facilidad de implementar esta regulación y los buenos resultados conseguidos en los mercados liberalizados han facilitado su difusión. El IPC-X se utilizó por primera vez en el Reino Unido en 1984 para controlar los precios de British Telecom (BT), después de que esta fuese privatizada. Desde entonces, el IPC-X se ha ido utilizando en diversas industrias de red y en muchos países. En la Unión Europea, por ejemplo, el IPC-X se utiliza en los Países Bajos desde 1989, Francia desde 1991, Alemania desde 1993 y Dinamarca desde 1997. En Estados Unidos se empezó a utilizar en 1989, tras el largo y complejo proceso de desintegración de la American Telephone and Telegraph (AT&T). En ese periodo, la Federal Communications Commission (FCC) dejó de controlar los precios de las compañías telefónicas regionales mediante la regulación de la tasa de beneficio para utilizar el nuevo IPC-X. Posteriormente, numerosas autoridades estatales de Estados Unidos han aplicado el IPC-X a los operadores locales dominantes (las Baby Bells). En América Latina, el IPC-X se utiliza en numerosos países, como por ejemplo en Argentina, México, Perú y Venezuela, y en el Este de Europa, en Lituania, La República Checa, Eslovenia, Ucraina y Hungria.[2]

La aplicación del IPC-X suele seguir los siguientes pasos:

  1. Al inicio del periodo regulatorio el regulador define una cesta de servicios regulados y la ponderación de cada servicio. Teniendo esto en cuenta, fija un límite máximo para el crecimiento del precio medio de la cesta. Este precio medio se establece teniendo en cuenta el índice de precios al consumo (IPC) y el valor esperado de la productividad de la industria, el factor X.
  2. A lo largo del periodo regulatorio la empresa regulada establece libremente el precio de cada servicio, con la única restricción de que el precio de los servicios debe ser inferior al límite máximo fijado por el regulador. De este modo, la empresa puede modificar los precios atendiendo a la evolución de la demanda. Por otro lado, si la empresa es eficiente y reduce sus costes se puede beneficiar de unos mayores márgenes comerciales.
  3. Al final del periodo regulatorio, el regulador revisa la evolución del mercado y establece un nuevo precio límite máximo para el siguiente periodo. De nuevo, el regulador considera la eficiencia esperada de la empresa. Por otro lado, el regulador también tiene en cuenta que servicios se deben regular en el periodo regulatorio, y el peso de cada servicio en la cesta del IPC-X.

Definición matemática del IPC-X

Considere a una empresa regulada que comercializa k=1,....n servicios. Al inicio del periodo regulatorio, t=0, el regulador establece como la empresa debe actualizar sus precios hasta llegar al final del periodo regulatorio, t=T. En términos matemáticos, el regulador establece que el crecimiento del precio medio de la cesta ponderada de servicios debe ser igual o menor que el IPC-X. Formalmente, establece la siguiente norma de actualización:

Imagen:IPC-X1.png


donde wk representa la ponderación de cada servicio en la cesta de servicios regulados. Habitualmente, se considera que las ponderaciones de los servicios deben reflejar su participación en los ingresos totales al inicio del periodo regulatorio. De este modo, la ponderación del servicio k sería:


Imagen:IPC-X2.png


Observe que cuando IPC-X<0, la empresa debe reducir el precio medio de la cesta regulada. Sin embargo, el regulador no impone de qué forma se debe modificar cada precio individual. Un aspecto básico del IPC-X es que el regulador determina la evolución del precio medio de una cesta de servicios regulada, pero no cada uno de los precios por separado. De este modo, la empresa puede modificar los precios como quiera durante el periodo regulatorio. Observe que si el IPC-X se aplica sobre un único servicio, esta regulación actúa como un precio máximo. En cambio, si el IPC-X se aplica sobre una cesta de servicios, mientras algunos precios se reducen otros pueden aumentar, siempre que se satisfaga el límite máximo sobre el precio medio.

Otro aspecto clave de este tipo de price cap es la forma en la que se determina el factor X. Habitualmente, se considera que este factor debe reflejar la productividad esperada del sector de telecomunicaciones del país. En este caso, al final del periodo regulatorio todas las ganancias de eficiencia conseguidas por la industria se acaban trasladando a los consumidores por medio de reducciones de precios.

El origen del IPC-X

El origen del IPC-X puede encontrarse en el Reino Unido. En 1982, la Comisión de Monopolios y Fusiones (Monopolies and Mergers Commission) de este país recomendó poner un límite a los incrementos de precios de los servicios. Los precios podrían crecer como máximo según el aumento del nivel de precios (RPI) menos un 1.5 por ciento, y debían revisarse cada 5 años.

Posteriormente, en 1984, el regulador británico empezó a utilizar el IPC-X para regular los precios de British Telecom (BT) después de que el antiguo monopolio fuese privatizado.[3] Este mecanismo regulatorio fue recomendado por primera vez por el Profesor Stephen Littlechild, que en 1983 envió un informe al Ministerio de Industria argumentando las ventajas de la regulación por price cap.

Littlechild consideraba que la regulación debía centrarse en los precios de la empresa, no en sus beneficios. En este sentido, señalaba que la regulación por price cap podía dar a BT los incentivos necesarios para alcanzar la eficiencia productiva en los mercados donde no tenía competencia. ”Al contrario de lo que sucede con la regulación de la tasa de beneficio, el price cap no requiere medidas imprecisas o arbitrarias para determinar una tasa de rentabilidad sobre el capital, y elimina la necesidad de asignar costes cuando solo se regula una parte de la empresa”. Por otro lado, Littlechild creía que la simplicidad del price cap reduciría la posibilidad de captura del regulador.

Desde sus inicios, el IPC-X logró muy buenos resultados, y no sólo redujo los precios de la telefonía sino que además consiguió que BT mejorara significativamente su eficiencia.

Ventajas e inconvenientes del IPC-X

El IPC-X presenta las siguientes ventajas:

  1. Reduce los precios. La regulación modera el poder de mercado de la empresa regulada. El IPC-X provoca que los precios se reduzcan cuando aumenta la productividad, cosa que no sucedería sin regulación debido a la falta de competencia.
  2. El IPC-X implementa precios de Ramsey. Una de las características más destacables del IPC-X es que incentiva a la empresa regulada a establecer, por sí misma, precios de Ramsey. En efecto, una empresa no regulada maximiza beneficios estableciendo unos precios directamente relacionados con los costes de producción e inversamente relacionados con la elasticidad de la demanda. Si la empresa se regula con el IPC-X también utiliza esta estructura de precios eficientes. A pesar de ello, con el IPC-X el nivel de precios es lógicamente inferior.[4]
  3. Es un mecanismo flexible. La empresa regulada actualiza sus precios en función de las variaciones en sus costes y en la demanda. La empresa puede modificar con rapidez sus precios ante cambios inesperados de las condiciones del mercado.
  4. Reduce los costes de gestión. La utilización del IPC-X requiere que el regulador analice la evolución de la industria para poder calcular las ponderaciones de los servicios y el factor X. Sin embargo, una vez puesto en funcionamiento, el regulador no puede modificar el IPC-X hasta la siguiente revisión de precios.
  5. Fortalece la independencia del regulador. La transparencia y simplicidad del IPC-X reduce la discrecionalidad en el proceso regulatorio.
  6. Incentiva la reducción de los costes. El IPC-X permite que la empresa regulada se apropie de las ganancias de eficiencia que consiga. Esto incentiva las estrategias de reducción de costes.
  7. Protege contra los subsidios cruzados. El IPC-X incentiva a que la empresa establezca precios eficientes, por lo que no se producen subsidios cruzados. Para obtener este resultado, es necesario que el regulador separe de la cesta de servicios regulados a aquellos que ya se prestan en condiciones competitivas.

El IPC-X presenta los siguientes inconvenientes y problemas:

  1. Reequilibrio de precios. Un funcionamiento adecuado del IPC-X requiere que al inicio del periodo regulatorio el regulador reequilibre el precio de todos los servicios. De no ser así, la empresa regulada puede tener problemas para adaptarse a la competencia. El reequilibrio tarifario suele consistir en aumentar los precios de las llamadas locales y reducir el precio de las llamadas de larga distancia para eliminar subsidios cruzados y acercar los precios a los costes. Sin embargo, este tipo de actuaciones son impopulares. Además, pueden tener un impacto importante en la inflación.
  2. Puede reducir la calidad del servicio. Con el IPC-X la empresa puede estar tentada de reducir sus costes reduciendo la calidad de los servicios regulados.[5]
  3. Selección de servicios regulados. La aplicación del IPC-X requiere separar a los servicios ofertados en competencia de aquellos que se suministran en condiciones monoplísiticas. La inclusión en la cesta de servicios regulados de servicios competitivos puede permitir a la empresa regulada a actuar estratégicamente para perjudicar a sus competidores.[6]
  4. Establecimiento del factor X. El factor X debe reflejar la productividad de la empresa durante el periodo regulatorio. Pero también puede relacionarse con la productividad de toda la industria de telecomunicaciones del país. Otro problema aparece cuando el regulador quiere que el factor X garantice a la empresa una determinada rentabilidad. En este caso, el IPC-X acaba teniendo los mismos problemas e inconvenientes que la regulación de la tasa de beneficio.
  5. Extensión del periodo regulatorio. Uno de los aspectos más delicados a la hora de implementar el IPC-X es la definición del periodo regulatorio. Un periodo regulatorio excesivamente largo perjudica a los consumidores, porque retrasa el traslado de las mejoras de productividad de la industria a los precios. Por el contrario, un periodo regulatorio demasiado corto hace que las empresas tengan menos incentivos a reducir costes, porque se benefician de su eficiencia durante un periodo más corto.[7]

Notas

  1. ↑ Ver Armstrong, M. y D. Sappington (2003), “Recent developments in the theory of regulation”, en M. Armstrong y D. Sappington, eds., Handbook of Industrial Organization, Vol. III, Amsterdam: North Holland
  2. ↑ Ver Costas, A., J.R. Borrell y J. Calzada (2000) La nueva regulación de precios máximos IPC-X. Cuadernos de la Fundación Retevisión
  3. ↑ Puede encontrar un análisis más detallado del origen del IPC-X en Cowan, C. (2002) “Price Cap Regulation, Swedish Economic Policy Review, 9, pp. 167-188. El primer estudio donde se hizo referencia al price cap fue en Littlechild, S. C. (1983) Regulation of British Telecommunication’s Profitability, Department of Industry, London: HMSO
  4. ↑ Sappington (2002) explica los supuestos bajo los cuáles el IPC-X implementa precios de Ramsey. Sappington, D. (2002): “Price Regulation,” en Cave, M. E., S. K. Majumdar y I. Volgelsang, eds., Handbook of Telecommunications Economics, Volume 1, Amsterdam: Elsevier Science B.V
  5. ↑ El efecto de la aplicación del IPC-X en la calidad del servicio se estudia en detalle en:
    • Ai, C. y D. Sappington (2005): “Reviewing the Impact of Incentive Regulation on U.S. Telephone Service Quality, Utilities Policies, Vol. 13 (3), 201-210.
    • Sappington, D. (2005) Regulating Service Quality: A Survey”, Journal of Regulatory Economics, Vol. 27 (2), 123-154;
  6. ↑ Un estudio de este problema se puede encontrar en Brennan, T. (1989), “Regulating by Capping Prices”, Journal of Regulatory Economics, 1, 133-147.
  7. ↑ Para un análisis económico más detallado de la duración del periodo regulatorio vea Armstrong, M, R. Rees and J. Vickers (1996), “Optimal Regulatory Lag under Price Cap Regulation”, Revista Española de Economía, 2: 93-116.

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